Comunicado: Estado Ecuatoriano destruye la institucionalidad de derechos humanos
Estado ecuatoriano destruye la institucionalidad de derechos humanos dejando en la total desprotección a la niñez, las mujeres, pueblos indígenas en aislamiento, población LGBTI, víctimas de violencia sexual, familiares y personas desaparecidas, víctimas de lesa humanidad, sectores sociales y populares vulnerables.
Organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos, emitimos este comunicado informando que los diálogos sostenidos hasta el momento con las autoridades ecuatorianas encargadas de restructurar la institucionalidad de los derechos, tras la desaparición del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, NO han sido fructíferos pues no se han dado respuestas claras en torno a la nueva institucionalidad que regirá los derechos humanos en el País, lo que demuestra una total negligencia por velar, proteger y garantizar los derechos humanos en el País.
Denunciamos la falta de respuestas serias por parte de la SENPLADES y de la Secretaria de la Administración, que son los entes responsables según el Decreto Ejecutivo.
Expresamos nuestra preocupación debido a la pretensión de traspasar la competencia de derechos humanos al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando no es su competencia. La rectoría de políticas públicas para la protección y garantía de los derechos humanos, de acuerdo con el mandato constitucional señalado en el Art. 341, implica construir y desarrollar sistemas especializados de protección de derechos.
Advertimos el riesgo que implica dividir y debilitar las competencias de protección y garantía de derechos humanos en diversas insituciones del Estado en un momento en el cual la corrupción y las intenciones de algunos sectores por privatizar, concesionar territorios y recursos para el extractivismo, y la re estructuración neoliberal del gobierno, significa un cambio de rumbo en la protección integral de los derechos humanos de los sectores sociales. Tras las medidas tomadas, varios sectores sociales y comunidades se verán más afectados y con la grave situación de no encontrar posibilidades para defenderse y hacer respetar sus derechos.
Ante esto, los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el Ecuador ratificamos la EMERGENCIA SOCIAL y demandamos:
La creación de una Secretaría Nacional de Derechos Humanos que cuente con autonomía, capacidades técnicas, financieras, y de acción desconcentrada para ejercer la rectoría de las políticas de protección integral de derechos humanos en el país.
Exigimos nuestro derecho a ser informados/as y participar en las decisiones de política pública que afectan nuestras vidas, que dejan en indefensión a grupos vulnerables de la sociedad y legitiman la impunidad y la violencia.
Rechazamos el intento de retroceder en derechos mediante la posible emisión de un nuevo decreto ejecutivo que modificaría los límites y administración de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, así como con la ampliación de la explotación petrolera en el Yasuní (expresada por el Ministro de Hidrocarburos), acciones que afectarían gravemente no sólo la diversidad biológica sino, sobre todo la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento que viven ahí.
Esta intención de explotación petrolera, la ampliación de la actividad minera y la desaparición de la institucionalidad en materia de derechos humanos marcan un camino claro hacía la intensificación del extractivismo, el incremento de la conflictividad social y el consecuente riesgo de violación de derechos humanos, por este motivo respaldamos la marcha contra la minería.
¡Las normas y decisiones administrativas NO pueden estar por sobre los derechos humanos, frente a esto nos constituimos como un Colectivo de Defensoras y Defensores de DDHH y nos mantendremos vigilantes!
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Lea la carta entregada a Presidente de la República, Lcdo Lenin Moreno.