Acción urgente - Pueblos y Nacionalidades Indígenas - #Coronavirus
Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid -19, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribimos la presente Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanitarias urgentes, idóneas y culturalmente pertinentes frente a la emergencia sanitaria y el cumplimiento de los derechos a la vida, integridad, acceso a la salud y autodeterminación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de las comunidades campesinas.
ACCIÓN URGENTE
Ecuador, 26 de marzo de 2020
Sr. Lenin Moreno
Presidente de la Republica de Ecuador
atencionciudadana@presidencia.gob.ec
roldanjs@presidencia.gob.ec
Sra. Alexandra Ocles
Secretaria de Gestion de Riesgos
maria.ocles@gestionderiesgos.gob.ec
Sr. Juan Carlos Zevallos López
Ministro de Salud Pública del Ecuador
juan.zevallos@msp.gob.ec
Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos
Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid -19, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribimos la presente Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanitarias urgentes, idóneas y culturalmente pertinentes frente a la emergencia sanitaria y el cumplimiento de los derechos a la vida, integridad, acceso a la salud y autodeterminación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de las comunidades campesinas.
a) Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, al igual que comunidades rurales, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad frente al azote de la pandemia debido a la persistencia de condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación en el acceso general a los bienes y servicios de la sociedad, así como por las condiciones de relativo aislamiento geográfico de sus territorios - sobre todo en el caso de las poblaciones indígenas amazónicas y de la costa.
b) En particular, la situación de salud de varios Pueblos Indígenas y comunidades rurales ya es grave debido a la alta prevalencia de enfermedades infectocontagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles, a sus condiciones económicas y socioambientales, y al deficiente servicio de salud. En el actual contexto, la gravedad se exacerba por la ausencia de medidas de contención adecuadas a las realidades geográficas y culturales de las comunidades, que consideren la movilidad entre y hacia los territorios; la ausencia de estrategias de comunicación e información culturalmente adecuadas, en idiomas propios y por canales eficientes a los que pueda acceder la población geográficamente distante sin acceso a telefonía móvil fija, internet, televisión y energía eléctrica.
c) Recordamos que mientras miles de personas tienen la posibilidad, de quedarse en casa para evitar la propagación del COVID-19, también en la región Sierra, indígenas y campesinxs que dependen del trabajo diario, se ven obligados a salir y arriesgar sus vidas y salud, para abastecer de alimentos a la ciudad, en auge inclusive cientos de indígenas y campesinxs se han quedado varados en la ciudad sin alternativas de trabajo
d) Esos criterios de vulnerabilidad resultan mucho más sensibles entre las poblaciones indígenas de reciente contacto y aquellas que permanecen en aislamiento voluntario en la amazonía ecuatoriana, debido a la condición inmunológica que suponen ambas situaciones; al tener menor diversidad genética son más susceptibles a cualquier enfermedad. Existen registros históricos de la especial vulnerabilidad de las poblaciones indígenas frente a las epidemias y esta podría no sería la excepción. Enfrentamos la posibilidad de altas tasas de mortalidad y morbilidad en estas poblaciones e incluso el riesgo de desaparición de los grupos que se mantienen en aislamiento voluntario en caso de que la pandemia alcance sus territorios.
e) Los últimos eventos debidos a la crecida de los ríos de la cuenca del Bobonoza, en las comunidades de la Parroquia Sarayaku, Provincia de Pastaza han desnudado una insuficiente y poco efectiva cobertura del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y arrojan importantes lecciones sobre la necesidad de optimizar la coordinación entre las autoridades estatales de los diversos niveles y las autoridades de los Cabildos, federaciones y comunidades indígenas a fin de hacer frente a la emergencia optimizando los tiempos de respuesta y articulando iniciativas conjuntas en bien de la población indígena y campesina.
f) Los territorios indígenas, afros y campesinos siguen enfrentando graves amenazas y presiones en sus territorios debido a la persistencia de actividades extractivas “legales” e ilegales (tala de madera, minería ilegal, etc.) sin que se ejecuten garantías estatales para preservar los territorios indígenas, afros y campesinos. Así mismo aquellas actividades extractivas no han cesado pese a la cuarentena y a la necesidad de observar protocolos de caución y seguridad sanitaria en relación a las poblaciones de estos territorios.
g) Las situaciones descritas en párrafos anteriores también corresponde a otras partes del territorio nacional donde se asientan Pueblos y Nacionalidades, de manera particular llamamos la atención sobre hechos denunciados por el Presidente de la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador - FNAE, quien indica que en la comunidad de Gualpí Bajo, Parroquia Chical, cantón Tulcán, provincia del Carchi, hay una niña de 14 años mordida por una serpiente venenosa que desde el pasado 23 de marzo y quien hasta la fecha no ha logrado recibir asistencia médica por no contar con medios de transporte y por el miedo de contagio con COVID-19 debido a la falta suficiente, oportuna y culturalmente adecuada de información y asistencia - algo que aqueja a la nacionalidad Awá hace mucho tiempo.. Esta comunidad queda a 12 horas de camino del primer centro poblado donde existe presencia del MSP.
h) La posible militarización de los territorios en nombre de la estrategia contra la pandemia, asistencia humanitaria o la “protección de los sectores estratégicos” es una seria amenaza adicional a las comunidades que hasta ahora se han podido mantener libres de contagio porque se han aislado voluntariamente. Lo cual en términos epidemiológicos es lo más conveniente, considerando que muchas de estas comunidades indígenas y rurales, por los problemas antes mencionados, tienen altas tasas de desnutrición lo que afecta directamente a su sistema inmune y las hace más vulnerables a diversas enfermedades - incluyendo este virus.
i) Aún nos encontramos a tiempo de contener una expansión vertiginosa de la pandemia dentro de los territorios indígenas y rurales, cuyas consecuencias podrían alcanzar magnitudes catastróficas en términos de pérdidas de vidas humanas y debilitamiento e incluso extinción de culturas milenarias. Advertimos que, hasta el momento, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos y los COE de los niveles Nacional y Provinciales no han desplegado mecanismos de coordinación con las organizaciones de pueblos y nacionalidades, menos aún han desplegado acciones preventivas. Hasta el momento han sido las propias organizaciones indígenas quienes han adoptado medidas preventivas y han exigido apoyo para que se impida la entrada y salida de actores externos a sus territorios.
Por ello, los abajo firmantes exhortamos al Gobierno Nacional a adoptar, con el carácter de urgente, las siguientes medidas sanitarias y de coordinación con los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, a fin de evitar una crisis sanitaria de incalculables proporciones en las poblaciones y asentamientos indígenas y campesinos del territorio ecuatoriano, incluidos aquellos pueblos que tienen carácter transfronterizo y sobre los cuales el Gobierno tienen obligaciones contraídas.
1. Requerimos que el Gobierno Nacional reconozca de manera pública que los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como comunidades rurales del país, son poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia -como los adultos mayores y personas con inmunidad deprimida- y, en consulta con los mecanismos de autoridad y representación; tome todas las medidas necesarias, culturalmente apropiadas y efectivas para proteger las comunidades y los territorios del cual dependen.
2. La garantía de vida y autodeterminación de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario se entienda como un altísimo deber de resultados y no sólo de intenciones: no únicamente deben abstenerse de seguir autorizando actividades que incrementan las probabilidades de contacto, sino que además se deben tomar medidas para asegurar que esto no se produzca. Una de estas medidas debe ser un efectivo cerco sanitario en coordinación con las poblaciones vecinas a sus territorios vecinos.
3. Instamos a las instituciones que están canalizando la ayuda, tanto al COE Nacional y a los COE municipales, se incluya en su plan de contingencia al pueblo indígena y campesino. Personas indígenas y campesinos que viven en las ciudades sin posibilidad de trabajo formal, ni diario, (consecuencia de la pandemia) como por ejemplo a quienes se desempeñan como cargadores, vendedores transeúntes, ya que la crisis los ha dejado en estado de vulnerabilidad. Además de proteger a las y los agricultores indígenas y campesinos que están trabajando para abastecer a las y los ecuatorianos.
4. El COE Nacional establezca de manera INMEDIATA una mesa técnica de alto nivel, que incluya la participación de profesionales especializados en salud y seguridad y que, de manera INDISPENSABLE, cuente con asesoría permanente de Organizaciones Indígenas, No Indígenas y campesinas con experticia en trabajo con estos pueblos y territorios a efectos de garantizar la pertinencia de su intervención y minimizar los potenciales daños. Ese espacio deberá garantizar la coordinación ágil y efectiva entre el COE Nacional, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos, la Policía y las Fuerzas Armadas, y las organizaciones y dirigencias Indígenas y campesinas de los niveles nacional, regional y comunitario para mantener a las comunidades libres de contagio y aseguradas en sus mínimos vitales (alimentación y salud integral). La improvisación mata y en los casos de comunidades indígenas, diezma y extermina, como ya nos ha demostrado la historia.
5. Así mismo, urge que estas instituciones coordinen con las organizaciones indígenas que representan a las comunidades el río Bobonaza afectadas por las inundaciones para que se atienda sus necesidades y se den las facilidades logísticas para que le ayuda que las propias comunidades han gestionado llegue de manera urgente, poniendo interés especial en la situación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
6. La garantía de alimentación durante la emergencia ya decretada incluya que se respete y proteja la economía de pervivencia de las comunidades productoras, lo cual no necesariamente requiere la provisión de productos sino la revisión de las medidas de movilidad restringida por la emergencia. Las comunidades deben continuar con la producción de bienes y regresar a sus territorios, en condiciones de seguridad. Así mismo se debe asegurar que las comunidades tengan acceso a fuentes de alimentación propias aprovisionadas mediante prácticas de pesca, cacería y recolección vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros, incluidas empresas o quienes ejecutan actividades “legales” e ilegales de minería y explotación forestal.
7. La garantía de salud integral asuma como condiciones previas:
a) En concertación y coordinación con las organizaciones y sistemas de autoridad de las comunidades y consejo, se emprendan acciones culturalmente apropiadas de prevención primaria (para evitar que el Covid-19 llegue a las comunidades), prevención secundaria (para detección temprana de casos) y prevención terciaria (para reducción de la mortalidad).
b) Abastezca a las unidades de salud, que prestan asistencia a los indígenas y campesinos, con la cantidad necesaria de insumos para protección individual, medicamentos sintomáticos, productos de higiene personal y garantizar flujo de reposición adecuado.
c) Reparar los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades en las que estos no estén funcionando y hacer sistemas en los lugares donde aún no existan.
d) Estar preparados para el caso en que sea necesario ofrecer apoyo alimentario en caso de epidemias en comunidades/territorios indígenas y campesinxs.
8. El movimiento indígena, como cooperación ante la emergencia sanitaria, ha generado una campaña informativa y preventiva en lenguas originarias de pueblos y nacionalidades, por tanto es obligación del estado la difusión de los contenidos interculturales generados, más aún si se habla de un estado Plurinacional; el Gobierno debe garantizar y disponer la difusión amplia y permanente de estos contenidos mediante todos los canales públicos y privados, y en todos los formatos: radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales.
9. El gobierno intensifique las acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por mineros ilegales, narcotraficantes, madereros, colonos, misioneros, turistas, etc. Ello en concertación y coordinación con las autoridades y sistemas de gobernanza y protección territorial de las comunidades. Ni la emergencia, ni una noción punitiva y militar de “seguridad nacional” pueden dar lugar a la militarización inconsulta de territorios, que está expresamente rechazada por el derecho internacional y constitucional ecuatoriano de los derechos de los pueblos.
10. Que se tenga particular atención a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la frontera norte, zona históricamente desatendida y con afectaciones exacerbadas por la persistencia de conflicto y la presion que ejercen sobre las comunidades actores armados regulares e irregulares.
11. Que el gobierno priorice los derechos a la vida digna, la salud, la integridad física, consentimiento y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas sobre las actividades extractivas en sus territorios. La incompatibilidad entre éstas y los derechos de los pueblos se deberá resolver siempre a favor de estos, particularmente, en casos en los que la experiencia histórica y el principio de precaución imponen detener actividades y/o establecer moratorias para no arriesgar la pervivencia de grupos humanos especialmente vulnerables.
Asimismo, en protección de los pueblos y sus derechos. Para mayor informacion o coordinacion favoir comun icarse a traves de las siguientes cuentas de correo: comunicacion@conaie.org comunicacionconfeniae@gmail.com maria@amazonfrontlines.org jose@landislife.org
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