Secretaría de Derechos Humanos llama a resistir a las Casas de Acogida: El Estado da la espalda a las víctimas
COMUNICADO URGENTE
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS LLAMA A LAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A RESISTIR PARA SOSTENER LOS SERVICIOS: EL ESTADO DA LA ESPALDA A LAS VÍCTIMAS Y NO GARANTIZA LA ATENCIÓN ININTERRUMPIDA DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2022
La Secretaría de Derechos Humanos no garantiza la atención ininterrumpida a sobrevivientes y víctimas de la violencia basada en género en las Casas de Acogida con quienes tiene convenios de cooperación vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021. Al contrario, la Secretaria de Derechos Humanos llamó a la resistencia; y, si es el caso, a mantener los servicios de atención a cuenta y riesgo de las organizaciones, sin comprometerse al financiamiento de los meses previos a la firma de posibles convenios de cooperación.
El pedido a RESISTIR se dio en el marco de una reunión virtual urgente, convocada a última hora de ayer 28 de diciembre. Bernarda Ordóñez, Secretaria de Derechos Humanos, dijo que se lanzará, sin precisar fechas, una convocatoria abierta, participativa y transparente a la que están invitadas todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran y puedan prestar servicios de atención a víctimas de violencia de género en Centros de Atención y Casas de Acogida. Dijo, además, que las organizaciones sociales con quienes se mantiene los actuales convenios de cooperación, también podrán participar en este concurso abierto, y, en caso de ser elegidas, se firmarán los nuevos convenios 2022, que regirán desde la fecha de la firma.
Con esta decisión tomada, la Secretaría de Derechos Humanos no garantiza la atención a las sobrevivientes en los espacios especializados como son las Casas de Acogida, durante los meses previos a la convocatoria, concurso y posible firma de nuevos convenios. Las Casas de Acogida al no contar con los recursos suficientes, se verán en riesgo y, algunas incluso estarán obligadas a cerrar, con lo cual mujeres sobrevivientes de violencia junto con sus hijas e hijos, estarán privadas de espacios seguros y protegidos. Lejos de asumir la responsabilidad que tiene el Estado Ecuatoriano de garantizar la atención y protección a las víctimas de la violencia, de forma indolente, Bernarda Ordoñez transfiere a la sociedad civil este mandato obligatorio del Estado. RESISTIR es la sugerencia que hace al personal de atención en Casas de Acogida, frente a la no garantía de recursos por parte del Estado.
Las respuestas de la Secretaría de Derechos Humanos fueron ambiguas al momento de reconocer y valorar el trabajo realizado hasta ahora por las organizaciones de la sociedad civil y la necesidad de garantizar la atención gratuita a mujeres víctimas de violencia, dentro de una alianza entre Estado y sociedad civil.
Los servicios de las casas de acogida son costosos porque se trata de una atención integral que protege la vida de las mujeres, sus hijas e hijos, que han sido víctimas de la violencia. ¿Podemos cuantificar el valor de la vida de las mujeres? Siempre ha sido URGENTE Y NECESARIO una alianza entre varios actores, incluida la cooperación internacional para sostener los servicios de acogimiento. Sin embargo, es el Estado Ecuatoriano con las instancias correspondientes, quien debe asumir su rol fundamental e intransferible en este tema.
Aunque el aporte desde el Estado a las casas de acogida no cubre los costos del 100% de los servicios, es necesario el mantenimiento de estos acuerdos y alianzas para garantizar la sostenibilidad y la apertura de los servicios. Básicamente el presupuesto destinado por el Estado para casas de acogida cubre el pago de salarios de las profesionales (7 personas); 2USD por día en alimentación para cada persona que está acogida; algo para capacitación y prevención; y, un pequeño presupuesto, para movilización y suministros de limpieza. El resto de los servicios como son: luz, agua, internet, teléfono, vestimenta, vituallas, alimentación -cinco comidas diarias para cada persona-, implementos de bioseguridad, mantenimiento de espacios, muebles, enseres de cocina, baño y dormitorios, materiales educativos, medicinas, infraestructura, movilización, etc., lo gestionan las organizaciones. El monto anual recibido como aporte del Estado para casas de acogida es de 126,948 dólares, que es un aporte parcial de los costos totales para el sostenimiento básico de una casa de acogida.
Al parecer, la Secretaría no reconoce todo el trabajo realizado y la experiencia de más de 10 años de alianza entre sociedad civil y Estado para garantizar el acceso ininterrumpido a servicios de atención especializados e interdisciplinarios, de forma gratuita.
Defendemos el trabajo hecho con las mujeres sobrevivientes de violencia, y sus hijos e hijas; la experiencia y el trayecto largo recorrido en donde hay aprendizajes, pero, sobre todo, donde hay una capacidad instalada por parte de las organizaciones: existen modelos, protocolos, reglamentos y formas de abordaje consensuadas en el nivel nacional que han permitido que las víctimas de violencia cuenten con un refugio seguro para salvaguardar su vida. Un ejemplo claro de este trabajo es el modelo de atención para casas de acogida en el país que se construyó colectivamente sobre la base de la experiencia de las organizaciones y que está inscrito en el Registro Oficial. Este modelo evidencia la capacidad y el esfuerzo realizado para sostener una alianza de cooperación y trabajo entre Estado y sociedad civil.
En un país en donde a la fecha ya han ocurrido más de 180 femicidios, en donde 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de la violencia machista en algún momento de su vida, se requiere una política pública clara y eficiente para acceso a servicios por parte de las víctimas de violencia, sin interrupciones.
Reiteramos que es el Estado, el garante de derechos y son las instituciones competentes que, en este caso es la Secretaría de DDHH, quienes deben garantizar la sostenibilidad de los servicios de atención y protección. Además, las casas de acogida somos el único mecanismo concreto para prevenir femicidios pues ofrecemos un espacio temporal de refugio con atención interdisciplinaria. Somos un servicio esencial y somos parte del sistema de protección integral para la atención a víctimas de violencia.
Al momento, 29 de diciembre de 2021, están en riesgo de cierre servicios de acogimiento para víctimas de violencia en el país, pues sin convenios que garanticen la contratación de profesionales para el servicio no se puede iniciar el 2022.
Queremos hacer un llamado y recordar que como sociedad civil tenemos el derecho a exigir respuestas efectivas y concretas que garanticen la sostenibilidad de los servicios de atención a víctimas, y, es la Secretaría de Derechos Humanos, la institución competente para apoyar el sostenimiento de estos servicios.
Somos sociedad civil y defendemos del acceso libre y gratuito a los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia en el país.
#NadieNosCalla