Nuevo intento de criminalización a defensores de derechos que se oponen a la minería en el territorio del Pueblo Shuar Arutam
“El Pueblo Shuar Arutam ya decidió ‘No a la minería'”. Foto: PSHA
Elaborado por: Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos Ecuador.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, el Colectivo Caminantes y las organizaciones que suscriben la presente denuncia pública nos sumamos a las últimas denuncias manifiestas por el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), sobre la persecución, intimidación y señalamiento contra el compañero Tarquino Cajamarca, abogado defensor de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Él, en conjunto con el Consejo de Gobierno del PSHA, ha llevado a cabo una defensa del territorio ancestral indígena contra actividades mineras. Estos nuevos episodios ocurren en un contexto de incremento de violencias y conflictividad en la Cordillera del Cóndor por la imposición inconsulta de concesiones mineras otorgadas por el Estado ecuatoriano y por la recurrencia de prácticas de abuso empresarial.
Señalamos la gravedad de que sean funcionarios del Estado, esto es por parte del Gobierno Parroquial de San Antonio y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes declaran persona “no grata” a un defensor de derechos sin siquiera haberlo escuchado. Además, es preocupante que se califique el patrocinio técnico que él realiza como “actos de instigación” y que se le atribuya “ser motivador” de la movilización y cierre de vías en la comunidad shuar de Makiunts, en Limón Indanza, Morona Santiago. No solo porque esas manifestaciones de protesta pública no son delito; sino, además, porque Tarquino es abogado defensor, no instigador. Esa resolución de dos entes que representan el poder estatal es ilegal, inmotivada e intimidatoria. Ni los gobiernos seccionales, menos aún el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueden declarar “delitos”, y señalar como “delincuentes” a actos enmarcados en el ejercicio de derechos y a personas defensoras.
Esta resolución, además, desconoce las decisiones del PSHA de “No a la minería”. Decisiones tomadas y ratificadas por la máxima autoridad tradicional política, la Asamblea General de dicho Pueblo, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación. Alertamos que la estigmatización de abogados y abogadas defensoras de derechos, y su posterior criminalización, se está volviendo una táctica más de la intimidación sistemática contra la resistencia al extractivismo. En este último año, hemos visto cómo se ha criminalizado a las abogadas y abogados de las comunidades kichwa afectadas por el derrame de abril de 2020; al abogado y al dirigente comunitario de la comunidad kichwa El Edén por los daños provocados a lo largo de veinte años de operación del campo petrolero Sacha en Sucumbíos; a la abogada de las comunidades en resistencia anti minera de las comunidades de Pacto en Pichincha, entre otras. El objetivo: minar la resistencia.
En este caso, la persecución, intimidación y señalamiento a Tarquino Cajamarca se deben a su acompañamiento técnico y jurídico al Consejo de Gobierno del PSHA contra el avance minero en sus territorios y en defensa de la vida, el territorio y la naturaleza. Debemos recordar a la ciudadanía que la presidente del PSHA, Josefina Tunki, ha recibido amenazas telefónicas por parte de Federico Velásquez, un alto directivo de la empresa minera canadiense Solaris Resources, precisamente por su férrea defensa de las decisiones colectivas de su pueblo. Esas amenazas, denunciadas y hechas públicas, son ignoradas por una Fiscalía muy ágil y efectiva -ahí sí- en la persecución de personas defensoras de derechos y naturaleza.
Además, en esta “novedosa” estrategia quienes preparan el camino a la criminalización de defensores son entidades públicas no gubernamentales. En este caso, los perseguidores no son solo el gobierno central, son un gobierno seccional y el órgano de la función de participación pública -nada menos. Sumada a la conducta de la Fiscalía denunciada arriba y a la pobre respuesta del sistema de justicia en general, podemos afirmar que el Estado Ecuatoriano, en pleno, es verdugo de las comunidades, familias y personas en resistencia.
En este caso específico, insistimos en que cada vez preocupa más la conducta ilegal y abusiva de Solaris Resources. Además de perseguir e intimidar, Solaris compra líderes locales, amenaza de muerte y vulnera los derechos a la participación pública, la libre expresión, la autodeterminación, la integridad territorial y la resistencia pacífica del pueblo indígena amazónico Shuar Arutam. Todo a la vista y paciencia de las autoridades estatales sino, peor aún, con su participación cómplice, como vemos una vez más en este caso.
Desde la Alianza de Organizaciones de Derechos, ya hemos denunciado esta “alianza público-privada” en el informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y la naturaleza, de junio de este año; así como, desde varios medios de comunicación, a la embajada de Canadá, a la Oficina del Alto Comisionado y a los procedimientos especiales del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A todas las denuncias realizadas se suma ahora esta nueva donde están involucrados directamente agencias y funcionarios del Estado.
Las irregularidades estatales señaladas infringen el deber fundamental previsto en la Constitución, que es garantizar a todas las personas, colectivos y a la naturaleza una vida libre de violencias y el ejercicio pleno de todos los derechos. Los derechos fundamentales violados por esas irregularidades incluyen derechos individuales y colectivos, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación y a la soberanía alimentaria, a la salud, a la vida digna, a la participación, y los derechos de la naturaleza y el respeto a sus procesos vitales.
En tal sentido, las organizaciones que suscribimos rechazamos nuevamente la instrumentalización del conflicto para obstaculizar la labor de personas defensoras y el ejercicio de la defensa de las comunidades impactadas por la minería. Sobre todo, repudiamos los actos de estigmatización y criminalización de sus abogados y abogadas patrocinadores. Vemos con alta preocupación que estas estrategias son cada vez más recurrentes y se ven replicadas en varios conflictos provocados por el extractivismo en el Ecuador.
Exigimos al GAD Parroquial de San Antonio y a los delegados del CPCCS en Morona Santiago recibir y contestar la petición del defensor Tarquino Cajamarca sobre las bases legales, el proceso, los argumentos y las evidencias en las que basan la declaratoria de “instigador” en su contra. Ese pedido es ejercicio del derecho al acceso a la información y la respuesta oportuna, completa e inmediata es básico cumplimiento del deber estatal de transparencia.
Así mismo, exigimos al Estado ecuatoriano que cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales de respeto, protección y garantía de derechos, especialmente en contexto de actividades extractivas y con su deber de hacer prevalecer el derecho de todas y todos a vivir libres de violencias.
Recordamos a los agentes del Estado ecuatoriano que la estigmatización y criminalización de personas defensoras produce graves afectaciones a sus derechos humanos, inclusive la muerte como ha ocurrido con el compañero de la resistencia de Molleturo, Victor Guaillas, en días recientes.
Finalmente, exigimos al Estado de Ecuador cumplir con su obligación de generar procesos efectivos de fiscalización y control sobre las empresas que, como Solaris Resources, abiertamente atropellan derechos humanos a través de la estigmatización de los movimientos sociales y las personas defensoras de derechos, la criminalización y el fraccionamiento del tejido comunitario.
