Informe completo: La amenaza del Decreto Ejecutivo 751 a la supervivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Tagaeri Taromenane
En 1999, un Decreto Ejecutivo creó la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) con la finalidad de frenar el avance de las actividades petroleras en el Yasuní y las amenazas que estas suponen a la supervivencia de los indígenas aislados que habitan en esa región. A pesar de que dicho Decreto establecía pocos meses para definir sus límites, eso no pasó sino hasta el 2007 cuando el Gobierno saliente emitió un nuevo Decreto estableciendo los mismos y definiendo un área amortiguamiento: una franja de 10 km alrededor, cuya finalidad era evitar el desarrollo de actividades que pongan en riesgo la integridad de la ZITT. Dicho Decreto establecía que en el área de amortiguamiento no podía desarrollarse infraestructura petrolera y que la explotación solo podría hacerse de manera direccional (es decir perforando de manera horizontal desde fuera de esa franja, por debajo del suelo, sin causar daños en la superficie).
En febrero del 2018, el actual Gobierno llevó a cabo una Consulta Popular con una pregunta que, aunque compleja y tendenciosa, expresaba la posibilidad de avanzar en la protección de los Pueblos Indígenas Aislados (PIA), quienes se mueven por prácticamente toda la Región del Yasuní, dentro y fuera de la ZITT y de su área de amortiguamiento, como lo han hecho tradicionalmente por ese, su territorio. Ante el enorme apoyo a la protección de esos pueblos expresado en las urnas, hace pocos días, el mismo Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 751 que, por un lado dispone la ampliación de la ZITT en 60,450 ha. y por otro debilita la protección a los PIA, al abrir la posibilidad de construir "plataformas y producción de hidrocarburos" en las alrededor de 400,000 ha del área de amortiguamiento, donde antes estaban prohibidas. De esta manera, el Gobierno Nacional juega con la complejidad de un tema tan delicado, amenazando de manera directa la vida de los Tagaeri y Taromenane.
En este marco, Fundación ALDEA, Fundación Pachamama e investigadores independientes preocupados por las causas que siempre hemos defendido, nos hemos aliado para demostrar técnicamente la grave vulneración de los derechos humanos de los PIA ante instancias nacionales e internacionales. El informe técnico que aquí compartimos será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir la protección de los derechos humanos de los PIA de la Región del Yasuní.
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