Las organizaciones comunitarias de los pueblos indígenas y comunidades locales que se reconocen como Territorios de Vida, o TICCA, tomaron una serie de medidas ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 en Ecuador. Bajo un enfoque de cuidado comunitario proponen, deciden y dan respuestas de acuerdo a sus culturas, a sus capacidades organizativas y a las distintas realidades territoriales a las que esta emergencia les confronta.
Leer másEn seguimiento a la Alerta 35, en la que las organizaciones waorani y de derechos humanos alertamos de la presencia de un caso positivo de covid-19 en territorio waorani y de varios integrantes de la Nacionalidad con sintomatología asociada, reiteramos nuestra preocupación ante el incremento de casos confirmados comopositivos en la comunidad de Miwaguno y la ausencia de respuesta oportuna por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) para dar atención en las comunidades de Conipare y Gareno, en la provincia de Napo;Yawepare, en la Provincia de Orellana y Toñampare, en la provincia de Pastaza. En todas estas comunidades,autoridades comunitarias y moradores confirman la presencia de sintomáticos asociados.
Leer másLa Organización de la Nacionalidad Waorani de Ecuador (NAWE), la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE), el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador - Pastaza (CONCONAWEP), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE); así como, las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta alerta expresamos nuestra preocupación debido a la confirmación de un caso Covid-19 de una mujer waorani, de aproximadamente 21 años, que vive en la comunidad de Miwaguno, provincia de Orellana. Comunidad en la que el día de hoy ingresó un grupo del Ministerio de Salud Pública (MSP) para realizar acciones de verificación.
Leer másLa Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de salud de las comunidades afectadas por el derrame petrolero, producto de la ruptura del sistema de oleoductos ocurrido en el norte de la Amazonía ecuatoriana el pasado 7 de abril de 2020, en el sector de San Rafael, en la Provincia del Napo. Requerimos al Ministerio de Salud Pública (MSP) que, de manera coordinada con la dirigencia de la FCUNAE y con esta Alianza, se ejecuten acciones de intervención y respuesta en la zona.
Leer másLos pueblos y nacionalidades indígenas que se reconocen y se registraron como Territorios de Vida en la base mundial de TICCA, conjuntamente con el proyecto Estratégico: promover el reconocimiento de territorios y áreas protegidas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA) Ecuador y el Programa de pequeñas Donaciones, reprogramamos las actividades con la finalidad de contribuir a darle una dimensión ética a las medidas de prevención como el aislamiento y para disminuir el riesgo de contagio por COVID 19.
Leer másLas organizaciones que integramos la Alianza por los Derechos Humanos expresamos al Gobierno Nacional nuestra preocupación y alerta frente al incremento de la vulnerabilidad de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT). Esto, debido a las nuevas presiones generadas por una reactivación de la actividad maderera y la continuidad de otras actividades de explotación de especies y recursos naturales en el territorio waorani y las áreas colindantes a la ZITT.
Diversas fuentes locales han confirmado que, durante el periodo de cuarentena, se han desplegado nuevos focos de actividad maderera en la zona colindante a la ZITT e incluso, probablemente, dentro de ella, sin que la institucionalidad concernida haya tomado medidas.
Leer másLa medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de esta Alianza, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades, así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas-.
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